Un movimiento, una oportunidad

Un movimiento, una oportunidad

I

Cuando los estudiantes salen por las calles a exigir una educación gratuita, que no tenga como norte principal el fin de lucro, pidiendo que se supere el criterio de diversidad de clases que impera desde hace algunos decenios en nuestro país, no podemos dejar de recordar ciertos conceptos que deberían estar a la base de cualquier sistema educativo y, por lo mismo, a la base de nuestra experiencia formativa en Chile.

Dejando de lado la participación de delincuentes y anarquistas en las marchas, es significativo observar que no son pocos los padres y profesores, los miembros de diversas organizaciones sociales o políticas, y la misma gente común, que se han sumado a este movimiento, apoyando a los estudiantes, que asumen el riesgo de perder el año escolar. Son también evidentes las dificultades o incapacidades de las estructuras gubernamentales, ministeriales y municipales para operar un cambio significativo, en grado de revertir la situación y de dar una respuesta adecuada a la crisis que se ha generado.

Se deben tener en claro tres elementos en este breve discurso. El primero de ellos es la consideración del fin mismo que persigue la educación, bien esencial sobre el cual toda sociedad debe construirse y que no es susceptible a negociaciones manejadas con un discurso meramente economicista o administrativo, cosa que vaciaría de sentido y contenido la educación misma.

    Es desde esta perspectiva que el Concilio Vaticano II, en la Declaración Gravissimum educationis, al nº 1, afirma: «Todos los hombres, de cualquier raza, condición y edad, en cuanto participantes de la dignidad de la persona, tienen el derecho inalienable de una educación, que responda al propio fin, al propio carácter; al diferente sexo, y que sea conforme a la cultura y a las tradiciones patrias, y, al mismo tiempo, esté abierta a las relaciones fraternas con otros pueblos a fin de fomentar en la tierra la verdadera unidad y la paz»; y concluye: «…la verdadera educación se propone la formación de la persona humana en orden a su fin último y al bien de las varias sociedades, de las que el hombre es miembro y de cuyas responsabilidades deberá tomar parte una vez llegado a la madurez».

Igualmente la legislación de la Iglesia, con bastante claridad, subraya cuáles son los fines de toda educación. Se lee, efectivamente, al can. 795 del Código de Derecho Canónico (= CIC), que la verdadera educación «debe procurar la formación integral de la persona humana, en orden a su fin último y, simultáneamente, al bien común de la sociedad, los niños y los jóvenes han de ser educados de manera que puedan desarrollar armónicamente sus dotes físicas, morales e intelectuales, adquieran un sentido más perfecto de la responsabilidad y un uso recto de la libertad, y se preparen a participar activamente en la vida social».

Un segundo elemento se relaciona con aquella realidad con la cual Chile, por tantos años, se ha enorgullecido: la disminución del analfabetismo a valores prácticamente iguales a cero. Dadas las condiciones actuales, este principio se revela una “ilusión social”, porque si bien la información es verdadera, no se han abierto en igual medida las posibilidades de desarrollo a todos los ciudadanos, especialmente a aquellos con menores recursos. Más aun, con instrumentos tales como el crédito universitario, se le coloca un freno a esa vía de desarrollo, no obstante las capacidades personales que se tengan. Exigir una educación gratuita o más accesible, por tanto, responde a una necesidad de justicia con las personas y con la misma nación, evitando un dramático empobrecimiento cultural y social.

La Declaración Universal de Derechos Humanos del 1948, al nº 26 establecía en tres puntos que todo individuo tiene derecho a la instrucción y que esta debe ser gratuita al menos para las clases elementales y fundamentales, mientras que «la instrucción técnica y profesional debe ser puesta a la portada de todos», debiendo ser igualmente accesible a todos sobre la base del merito, orientada al pleno desarrollo de la personalidad humana, del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, afirmando el derecho de los padres en la elección del tipo de instrucción de dar a sus hijos.

También la Iglesia Católica, en su magisterio y legislación, insta a los padres y a las instituciones civiles a asumir un rol activo en el ámbito educacional, sancionando la libertad de los padres en la búsqueda de los medios e instituciones en las cuales formar a sus hijos, como también el derecho que poseen de recibir de la sociedad civil las ayudas que requieren para procurar a sus hijos una adecuada educación (cfr. CIC, can. 793).

El rol de los cristianos en la política nacional, por tanto, busca defender un derecho que surge de la misma dignidad del hombre, creado y amado por Dios desde el inicio, llamado a perfeccionar todas sus capacidades y talentos. Los cristianos, por ende, deberán esforzarse en promover y exigir una planificación de los programas educativos con un ecuánime distribución de los recursos, respondiendo de este modo a las necesidades de los padres en orden a la promoción que quieran dar a sus propios hijos.

Finalmente, existe un tercer valor relacionado con la dignidad de la persona humana. Ella, en efecto, no debe ser objeto de obligaciones tales que comprometan su desarrollo personal, incidiendo gravemente en las condiciones de su vida futura. Entre estas limitaciones subrayamos, a modo de ejemplo, la dificultad para contraer créditos hipotecarios o iniciar actividades empresariales, el miedo de sentirse incapaces de proyectar la construcción de un hogar y de una familia, la angustia no poder mirar con serenidad una ancianidad digna y protegida. Considerándolo desde otras perspectiva, se verifica también la tendencia a la alienación de todos aquellos valores y compromisos estables a nivel social, familiar y religioso, que hace que el hombre se repliegue sobre sí mismo, conmiserándose, o bien busque en el hedonismo la sola realización de su existencia. El aumento de las adicciones, de la violencia o la continua necesidad de terapias sicológicas, muchas veces a corta edad, son un efecto directo de este problema.

En definitiva, las consecuencias a las cuales se está llegando en la actual situación, reflejan un progresivo deterioro en la calidad de vida de las personas y de la misma identidad social.

El actual movimiento de los estudiantes es, desde mi punto de vista, un signo concreto de que la situación está tocando fondo y que exige de todos los actores en ámbito de decisión y de acción, respuestas concretas y verdaderas. Acciones y no solo discursos o represión. El hecho de que los diferentes rostros políticos estén en declino, sean de gobierno que de la oposición, nos hace ver el índice de una situación en la cual la misma sociedad chilena está viviendo el desencanto de una política no creíble, o mejor dicho de una cultura política que no logra servir al bien común.

II

Sin embargo no debemos dejarnos llevar por la desesperanza. Sería injusto concluir este discurso poniendo delante de los lectores solo el aspecto dramáticamente negativo que conocemos perfectamente bien. Hoy, más que indicar a los culpables, es necesario asumir el desafío de buscar vías de salida equilibradas y justas para todos los ciudadanos.

La legítima existencia de colegios y universidades privados no pueden ser causa de la disminución de la calidad de la formación en aquellos públicos; allí debería apuntar el esfuerzo gubernamental, en modo de superar los desequilibrios con adecuadas medidas políticas, económicas y con suficientes recursos humanos.

Las políticas públicas deben prever que los subsidios económicos sean distribuidos en modo tal que los padres puedan realmente ser libres al ejercitar el derecho y deber fundamental de educar a sus hijos sin ser obligados a sostener gastos suplementarios que incidan gravemente en su presupuesto familiar.

En materia de colegios privados, se hace fundamental y obligatoria la continua supervisión de la autoridad ministerial, evitando que el lucro sea la única motivación de los sostenedores y, al contrario, suscitando en ellos un verdadero compromiso con la educación de los jóvenes bajo su responsabilidad. En este sentido, la distribución de los recursos debería ser ecuánime y justa, teniendo presente la situación económica de cada municipalidad y región, la cantidad de personas a la cual va dirigida la educación y el espectro antropológico en el que se encuentra. No es justo que una municipalidad de escasos recursos deba ofrecer una educación con un nivel decididamente inferior a la de una que tiene mayores recursos, y que los profesores de una institución municipal o estatal no tengan adecuadas proyecciones remunerativas y de actualización profesional como aquellos de instituciones privadas. Es cierto que ambas realidades son objetivamente diversas, pero una cierta búsqueda de estabilidad y seguridad van orientadas a unos y a otros.

La formación universitaria debería ver reforzada su infraestructura en las universidades estatales, de modo que sus estudiantes puedan gozar de recursos equivalentes a aquellos que reciben otros estudiantes en las universidades privadas, sin negar por ello que en estas últimas los estudiantes pagan por mayores servicios y beneficios. Igual equilibrio debería buscarse en la formación y promoción de docentes universitarios, como también en la apertura de carreras universitarias que tengan una real posibilidad de inserción en el mundo del trabajo. Si un estudiante con su título en mano, un título por el cual ha trabajado arduamente por muchos años, no logra encontrar una fuente de trabajo, ¿cómo podrá pagar el crédito universitario que ha cubierto sus estudios? Y lo que es más triste, ¿a qué cosa sirvió tanto sacrificio?

Si consideramos que la educación, desde su misma acepción latina (educatio), se orienta a la formación del hombre en su totalidad (cultus corporis quam formatio morum), ella implicará sea la trasmisión del saber intelectual o técnico, como el esfuerzo por comunicar los valores y los respectivos modelos de comportamiento, formando él una solida identidad personal y social. La verdadera educación, por lo mismo, tiene un doble objeto: formar integralmente al individuo y servir al bien común de la sociedad en que vive.

El movimiento de los estudiantes, que dura ya por tanto tiempo, es no solo la reacción a un sistema inadecuado a nivel político, programático y económico de la educación. Se presenta también como la oportunidad de establecer las bases de un cambio que sea coherente con las actuales contingencias, justo en sus proyecciones y el objetivo de una sana educación: el desarrollo del hombre en su dignidad personal y social.

Fr. Jorge Horta E., OFM

Profesor de derecho Canónico

jhorta63@libero.it